Cómo funcionan las compras públicas en El Salvador: Estado, instituciones autónomas y alcaldías

La contratación de obras, bienes y servicios con fondos públicos dejó de regirse por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) en 2023. Hoy la regula la Ley de Compras Públicas, con un órgano rector propio y una plataforma electrónica de uso obligatorio. Este artículo resume cómo opera para el Estado, las autónomas y las municipalidades, y qué debe saber quien quiera venderle al sector público. Las citas corresponden al texto consolidado de la ley y su reglamento, con reformas hasta enero de 2026.

¿Qué ley regula las compras públicas en El Salvador?

La Ley de Compras Públicas fue emitida por el Decreto Legislativo n.° 652 del 9 de febrero de 2023 y publicada en el Diario Oficial n.° 43, tomo 438, del 2 de marzo de 2023. Entró en vigencia ocho días después de su publicación y derogó expresamente el Decreto Legislativo n.° 868 de 2000, es decir, la LACAP (arts. 191 y 192). Los procesos iniciados o contratos celebrados bajo la LACAP continuaron rigiéndose por ella hasta su conclusión, salvo que se modificara la relación contractual después de la nueva ley (art. 188).

La ley ha sido reformada por los decretos legislativos 689 y 732 de 2023, 291 de 2025 y 502 de 2026. Su Reglamento es el Decreto Ejecutivo n.° 1 del 17 de enero de 2024, reformado por el Decreto Ejecutivo n.° 14 del 5 de junio de 2025.

La ley es especial y prevalece sobre cualquier norma que la contradiga, incluida la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (art. 190). Regula el ciclo completo: planificación, selección del contratista, contratación, seguimiento y liquidación (art. 1).

¿Qué instituciones intervienen en las compras públicas?

• DINAC. La Dirección Nacional de Compras Públicas es el ente rector. Fue creada por el Decreto Legislativo n.° 653 como institución descentralizada y con autonomía técnica. Emite lineamientos y documentos estándar obligatorios y administra COMPRASAL y el registro de proveedores. El modelo es de centralización normativa y descentralización operativa (art. 7).
• COMPRASAL. Es el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Su uso es obligatorio para las instituciones y en él debe registrarse la información de las adquisiciones y contrataciones (art. 10).
• UCP. Cada institución debe tener una Unidad de Compras Públicas que gestiona los procesos y lleva el expediente físico y electrónico (arts. 8 y 20). Las decisiones de fondo, como adjudicar o declarar desierto, corresponden a la autoridad competente, que es la máxima autoridad o su delegado (art. 18).
• Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas (TACOP). Conoce las apelaciones contra el resultado de los procesos (art. 121 y Título VI del Reglamento).

¿A quién se aplica la Ley de Compras Públicas?

El artículo 2 somete a la ley a las contrataciones de las instituciones del Estado, sus dependencias y las instituciones y empresas estatales autónomas, «inclusive» la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. También alcanza a las entidades públicas o privadas que comprometan fondos públicos, y a las adquisiciones de las municipalidades, del FOPROMID y del FOSEP.

Alcaldías. Las municipalidades están sujetas a la ley en pie de igualdad con el resto. La norma contiene reglas propias: la máxima autoridad es el Concejo Municipal (art. 18); el Alcalde firma los contratos y órdenes de compra, y en su ausencia quien designe el Concejo; las municipalidades pueden asociarse para crear una UCP común; y los miembros del Concejo que integren la UCP deben excusarse en las decisiones de los procedimientos (art. 8). Quedan excluidas las obras por administración de los concejos en su ejecución, no el diseño, la supervisión ni los materiales (art. 3, literal i), y las compras de la Dirección de Obras Municipales (art. 3, literal n).

Desde el 1 de mayo de 2024, según la prensa, los municipios pasaron de 262 a 44 y los antiguos quedaron como distritos. La Ley de Compras Públicas, anterior a esa reforma, habla de «municipalidades» y «Concejo Municipal» sin distinguir, de modo que la contratación corresponde al concejo del municipio vigente. No se verificó si la DINAC emitió reglas específicas para los distritos; quien contrate con una alcaldía debe confirmarlo con su UCP. Sobre lo que ocurre cuando una alcaldía no paga, véase las deudas de las alcaldías salvadoreñas; un caso de contratos de 2019 y 2020, anteriores a esta ley, se analiza en el caso Juan Barrera y la Alcaldía de San Salvador.

Exclusiones y regímenes especiales

El artículo 3 excluye, entre otros: las contrataciones financiadas con convenios internacionales que fijen su propio proceso (si no lo fijan, se aplica la ley); los convenios entre instituciones del Estado; los servicios personales con vínculo laboral; los servicios bancarios y financieros que no sean seguros; la adquisición y el arrendamiento de inmuebles; y los proyectos estratégicos que defina el Consejo de Ministros, que deben publicarse en COMPRASAL. Reformas posteriores añadieron otros literales, como el de las federaciones deportivas.

Las emergencias no se excluyen, se regulan: procede la contratación directa en desastres, epidemias o cuando se haya declarado un estado de emergencia, con procedimientos ágiles, publicación en COMPRASAL y la posibilidad de que la DINAC contrate en representación de las instituciones (arts. 41 y 43).

¿Qué métodos de contratación existen y cuáles son los umbrales?

Para obras, bienes y servicios que no sean de consultoría, el artículo 38 prevé cuatro métodos. La ley fija los topes en salarios mínimos mensuales del sector comercio, no en dólares.

El salario mínimo mensual del sector comercio y servicios es de 408,80 dólares desde el 1 de junio de 2025, según la tarifa publicada en el Diario Oficial el 23 de mayo de 2025 (fuente: EY). Con ese valor, el umbral equivale a unos 98.112 dólares (cálculo propio). El tope varía si cambia el salario mínimo; confírmelo antes de cada proceso.

Además:

• Contratación directa por urgencia (art. 42). La declara la autoridad competente mediante acto razonado. No puede fundarse en falta de planificación.
• Causales de contratación directa (art. 41). Entre ellas, patentes o derechos de autor, proveedor único, ampliación de obra, licitación declarada desierta, servicios profesionales basados en la confianza y terminación anticipada por causa del contratista. Fuera de las causales la adjudicación es nula.
• Fragmentación (art. 117). No puede adjudicarse por comparación de precios la misma obra, bien o servicio si el monto acumulado en el ejercicio fiscal supera el tope, para evadir la licitación. El Reglamento presume la fragmentación cuando en un mismo período se hacen dos o más comparaciones del mismo objeto específico que superen el umbral (art. 55).
• Consultoría y procedimientos especiales. La consultoría tiene siete métodos propios. Los procedimientos especiales son compras en línea, catálogo electrónico derivado de convenio marco (compras menores a 240 salarios) y subasta electrónica inversa (arts. 38, 71 a 73).

¿Cómo es el proceso de compra pública, paso a paso?

1. Planificación. Cada institución elabora la Planificación Anual de Compras (PAC), no «PAAC». Debe publicarla en COMPRASAL a más tardar treinta días calendario después de iniciado el ejercicio fiscal (art. 17).
2. Requerimiento y documentos de solicitud. La unidad solicitante presenta la necesidad y la UCP prepara el proceso con los documentos estándar aprobados por la DINAC (arts. 77 a 81). La autoridad competente debe aprobarlos, bajo pena de nulidad (art. 18).
3. Publicación y presentación de ofertas. Se otorga un plazo suficiente según la complejidad; no se aceptan enmiendas tras el cierre y, si el proceso es por COMPRASAL, las ofertas van encriptadas (art. 90). La apertura es transparente (art. 95).
4. Evaluación. Debe hacerse en quince días hábiles en licitación y consultoría, y en ocho en comparación de precios, contratación directa y subasta, contados desde el día hábil siguiente al cierre (art. 22). Solo pueden aplicarse los criterios de los documentos de solicitud (art. 21).
5. Resultado y notificación. La autoridad emite el resultado en un máximo de cinco días hábiles desde la recomendación (art. 104). La notificación se hace entre el segundo y el cuarto día hábil (art. 116). Estando firme, la UCP publica en COMPRASAL en tres días hábiles el oferente ganador y el precio (art. 105).
6. Recursos. El oferente inconforme puede interponer recurso de revisión ante la máxima autoridad en dos días hábiles desde el día siguiente a la notificación; se resuelve en un máximo de diez días hábiles desde la admisión (arts. 119 y 120). Contra ese resultado cabe apelación ante el TACOP en tres días hábiles, que se resuelve en un máximo de doce (art. 121). El proceso se suspende mientras se tramitan, salvo que la suspensión ponga en riesgo servicios de salud. No hay revisión ni apelación en baja cuantía, contratación directa, compras en línea ni fuente única (art. 122).
7. Contrato u orden de compra. Se firma en un máximo de cinco días hábiles desde que el resultado queda en firme (art. 129).
8. Garantías. La ley prevé cuatro: inversión de anticipo (100 % del anticipo), cumplimiento contractual (en obras no menor al 10 % del monto; en bienes, servicios y consultorías, hasta el 10 %), buena obra y buen servicio o calidad de bienes (10 % del monto final, por un plazo no menor de un año desde la recepción definitiva). Pueden ser fianzas o seguros, u otros instrumentos que la ley permite (arts. 123 a 128). En compras en línea y baja cuantía no es obligatoria la de cumplimiento; tampoco cuando la entrega es inmediata, esto es, no excede de quince días hábiles (art. 126).
9. Ejecución. Un administrador da seguimiento al contrato (arts. 161 y 162). En caso de mora imputable al contratista, la multa diaria es del 0,1 % del valor de lo entregado tarde en los primeros treinta días, del 0,125 % en los treinta siguientes y del 0,15 % después (art. 175).
10. Pagos. Los anticipos pueden llegar hasta el 30 % del contrato, y excepcionalmente al 50 % con justificación de la autoridad (art. 112). Todo pago exige el acta de recepción y la factura correspondiente, y debe hacerse dentro de los plazos pactados en el contrato; la ley no fija un plazo general. Si la institución se atrasa, el contratista tiene derecho a una compensación del 50 % del interés legal mercantil, sin necesidad de orden judicial (art. 111). El pago final requiere el cumplimiento total y el acta del administrador (art. 114).

¿Cómo ser proveedor del Estado?

Inscripción. Quien quiera ofertar debe inscribirse en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES), parte de COMPRASAL. La inscripción es digital y el perfil debe completarse al cien por ciento: contactos, accionistas cuando aplique, bienes y servicios que ofrece, documentación legal, giro empresarial y beneficiarios finales (arts. 12 y 28 de la ley; art. 7 del Reglamento). Es beneficiario final la persona natural que posee o controla la sociedad con un diez por ciento o más (art. 7-A del Reglamento). No se exige la inscripción en emergencias, urgencia ni baja cuantía; en urgencia y emergencia, el proveedor seleccionado debe inscribirse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación (art. 12). La ley previó implementar el RUPES de forma gradual (art. 188); conviene consultar en COMPRASAL su estado actual.

Solvencias. Los oferentes y adjudicatarios deben acreditar solvencia tributaria, de seguridad social, previsional (o constancia de no tener personal cotizante) y municipal del domicilio. La institución define en los documentos de solicitud si basta una declaración jurada en acta notarial, una manifestación simple o la entrega de las solvencias, y estas deben estar vigentes a la fecha de la oferta o de la firma (art. 50 del Reglamento). Los extranjeros presentan documentos apostillados y traducidos cuando corresponda (art. 7 del Reglamento).

MIPYME. Las instituciones y municipalidades deben procurar contratar con micro, pequeñas y medianas empresas nacionales al menos el 25 % de su presupuesto de bienes y servicios, y el 10 % con las de propiedad o representación mayoritariamente femenina (art. 32). Son metas, no cuotas.

¿Quién no puede contratar con el Estado?

El artículo 24 impide contratar a quien haya sido condenado por delitos contra la hacienda pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias o lavado de dinero mientras no se rehabilite; a quien esté en quiebra no rehabilitada; a quien haya sufrido la caducidad de un contrato por causa propia en los últimos cinco años; a quien esté insolvente con el fisco, el municipio o la seguridad social; a quien haya incurrido en falsedad; y a quien esté inhabilitado en el Registro de Sanciones. Las situaciones de condena, quiebra y falsedad deben declararse en sede judicial.

El artículo 25 prohíbe ofertar a funcionarios de elección popular, miembros de juntas directivas de autónomas y empleados con poder de decisión o cargo de confianza, a sus cónyuges o convivientes, a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a las sociedades en que ellos tengan participación o cargos. La contratación hecha en contra del artículo 24 es nula, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales.

También están prohibidos los acuerdos anticompetitivos y el que una misma persona participe en el mismo proceso a través de varias sociedades vinculadas (art. 26). Las inhabilitaciones para ofertar van de uno a cinco años según la conducta: por ejemplo, un año por retirar injustificadamente la oferta, dos por incumplir el contrato y cuatro por ofrecer dádivas a funcionarios (art. 181). Constan en el Registro de Sanciones de COMPRASAL, público (art. 13).

¿Qué controles y transparencia exige la ley?

COMPRASAL obliga a publicar la PAC, los resultados con nombre y precio, y los contratos y órdenes de compra. Las compras de baja cuantía se publican mensualmente (art. 44) y las emergencias, desde las especificaciones hasta el contrato (art. 43). El Reglamento exige que lo registrado sea cierto, preciso y oportuno (art. 9-A).

La Corte de Cuentas de la República interviene de varias formas en la ley: verifica el cumplimiento de plazos de la Fiscalía para firmar contratos (art. 18), puede pedir información bancaria para comprobar los impedimentos del artículo 25, y recibe los reportes de indicios de delito en las auditorías externas (art. 27). El jefe de UCP que haya manejado fondos públicos debe presentar su finiquito de la Corte (art. 8). Los servidores que preparan, vigilan o pagan contratos responden personalmente y deben denunciar ante la Fiscalía los indicios de delito (art. 19).

En materia de acceso a la información, la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a los entes a divulgar de oficio, entre otros datos, las contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas en firme, con su objeto, monto, contraparte y plazos (art. 10). Los lineamientos de esa divulgación los emite el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Este artículo es informativo. Umbrales, plazos y lineamientos de la DINAC deben confirmarse antes de iniciar o impugnar un proceso concreto.

Fuentes

• Ley de Compras Públicas, Decreto Legislativo n.° 652 de 2023, texto consolidado con reformas hasta el Decreto Legislativo n.° 502 de 2026: Centro de Documentación Judicial y corpus legislativo de LexOS.
• Reglamento de la Ley de Compras Públicas, Decreto Ejecutivo n.° 1 de 2024, reformado por el Decreto Ejecutivo n.° 14 de 2025: Centro de Documentación Judicial y corpus de LexOS.
• Ley de Creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas, Decreto Legislativo n.° 653 de 2023 (corpus de LexOS).
• Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto Legislativo n.° 534 de 2010 (corpus de LexOS).
• Sistema COMPRASAL: www.comprasal.gob.sv.
• EY, El Salvador: salario mínimo 2026 (tarifas publicadas el 23 de mayo de 2025, vigentes desde el 1 de junio de 2025).
• Diario El Mundo, Asamblea aprueba 44 municipios (reestructuración municipal).